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Plataforma para venta de vuelos “Despegar” imputada e investigan violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor

La firma Despegar.com.ar S.A. ha sido imputada y se encuentra siendo investigada por presuntas violaciones a la Ley Nº 24.240 y normas complementarias sobre garantías de atención y trato digno y equitativo, e información cierta, clara y detallada respecto de los canales y horarios abiertos para trámites y consultas contra usuarios y consumidores.

Las sanciones podrían sumar una multa de 5 millones de pesos.

Las imputaciones promovidas contra la firma se fundamentan en reclamos en su contra realizados a través de la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, a partir de las cuales se instruyó un sumario de oficio.

Las mismas surgen debido a graves la dificultad en menoscabo de los derechos de los clientes para encontrar mecanismos para comunicarse con la misma para canalizar sus consultas y/o reclamos respecto de las modificaciones o cancelaciones de los paquetes, hoteles o vuelos contratados que se vieron afectados por la pandemia por Covid 19.

La empresa, precisamente, es investigada por presunta infracción al artículo 4º de la Ley Nº 24.240 porque no habría suministrado a las y los consumidores información cierta, clara y detallada respecto de los canales de atención a fin de que se puedan realizar trámites y consultas relativas a la modificación o cancelación de los servicios contratados a través de ella.

También ha sido imputada por presunta infracción al artículo 8 bis de la Ley Nº 24.240 porque no se habrían garantizado condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores.

También lo fue por presunta infracción al 3º de la Resolución Nº 316/2018 de la ex Secretaría de Comercio porque, en su página web, no informaría el horario de atención a las y los consumidores y tampoco se encontraría el número telefónico o sitio electrónico para que ellos puedan puedan formular consultas y/o reclamos.

Por último, ha sido imputada por presunta infracción al artículo 3º, incisos b) y c) y al artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica que incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del Grupo Mercado Común del Mercado Común del Sur sobre el Derecho de Información al Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por Internet.

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Las empresas deberán publicar en su web el “botón de arrepentimiento”

Por Resolución 424/2020  de la Secretaría de Comercio Interior, publicada hoy en el Boletín Oficial, las empresas que comercialicen bienes y servicios por Internet o teléfono deberán incluir un “botón de arrepentimiento” en sus páginas web y en sus aplicaciones.

Este instrumento permite que las y los consumidores se puedan arrepentir de sus compras o contrataciones, y, en ese caso, tramitar la devolución de los productos o cancelar los servicios adquiridos.

La norma publicada hoy dispone que el “botón de arrepentimiento” debe alojarse en la página de inicio del sitio web institucional de los proveedores de productos y servicios, o en la sección principal de las aplicaciones.

El mismo deberá contar con un link de acceso fácil y directo, que deberá ocupar un lugar destacado, que no deje dudas respecto del trámite seleccionado.

Las y los consumidores tienen un plazo de 10 días para manifestar su arrepentimiento desde la compra o recepción del bien.

En el caso de que la compra se haya realizado en el comercio, el comprador puede devolver el producto en el local y el comerciante debe reintegrar el dinero.

Si la adquisición del bien o servicio es telefónica o mediante Internet los consumidores también deberán gozar de este derecho mediante el botón de arrepentimiento, sin condicionamientos ni gastos a su cargo, y si ya fue recibido en el domicilio, el proveedor debe retirarlo del mismo modo.

Comercio Interior indicó en un comunicado que ,”en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social, cobran relevancia los conflictos en las relaciones de consumo en entornos digitales, fundamentalmente se suscitan por problemas de información por parte de los proveedores a las y los consumidores”.

En tal sentido, consideró que “el acceso a la información a través de Internet respecto de bienes y servicios, y las vías electrónicas para efectuar la devolución de las compras o la rescisión de los contratos, en la mayoría de los casos, resultan ser la única vía con la que las y los consumidores cuentan para acceder a estos derechos y poder revocar la aceptación del contrato cuando sea celebrado fuera de los establecimientos comerciales y a distancia”.

Subrayó que, “en la relación de consumo, las y los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, teniendo en cuenta que el derecho a la información es uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre consumidoras, consumidores y proveedores”.

 

Resolución 424/2020

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web deberán tener publicado el link denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

A partir de la solicitud de revocación de la aceptación, el proveedor dentro de las VEINTICUATRO (24) horas y por el mismo medio, deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento o revocación.

Las pautas establecidas en el presente artículo no obstan a las previsiones estipuladas en la Ley Nº 24.240 y en el Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 2°.- El “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, deberá ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.
Asimismo, al momento de hacer uso del Botón, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite.

ARTÍCULO 3º.- Establécese un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial para que los proveedores adecúen sus sitios de Internet de acuerdo a los términos establecidos en la presente medida.

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Reclaman que firma mayorista procesada en la justicia federal por ocultar intereses en cobros con tarjeta devuelva sumas debitadas a sus clientes

La firma Supermercados Mayoristas Yaguar S.A., con más de 18 sucursales en locaciones de todo el país, entre ellas Chaco y Misiones, ha sido procesada por la justicia federal por no informar sobre tasa de interés efectiva, costo financiero total ni algún otro término y/o condición de financiamiento a clientes que efectuaron compras de productos y servicios en sus establecimientos con tarjeta de crédito en cuotas con intereses. Reclaman a la Justicia que la firma devuelva la totalidad de sumas debitadas.

La Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente -ACYMA- promovió en la justicia federal una demanda contra Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. por violar el art. 42 de la CN y los artículos 4 y 36 de la LDC al no informar tasa de interés efectiva y costo financiero total ni ningún otro término y/o condición del financiamiento a clientes que efectuaron compras de productos y servicios en sus locales y abonaron con tarjeta de crédito en cuotas con intereses, y pidió que se ordene a la firma que devuelva las sumas debitadas.

La demanda fue promovida ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 11, a cargo del Dr. Fernando Ignacio Saravia, en dirección a operaciones llevadas a cabo por la firma, dedicada al rubro de venta mayorista con oferta permanente de almacén, bebidas, frescos, fiambreria, limpieza, perfumería, congelados, gastronómicos, bazar, kiosco, mascotas, pañales y librería, a través de establecimientos en Chaco, Misiones, Mendoza, Córdoba, Capital Federal, Bahía Blanca, Campana, General Roca, José C. Paz, Mar del Plata, Maschwitz, Moreno, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Tigre y Trelew, entre otras locaciones.

Así informó el propio Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 11 al Registro Nacional de Asociaciones de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaría de Comercio en el Ministerio de Producción de la Nación, a través de un oficio con el cual comunicó sobre el trámite de la causa a la totalidad de asociaciones en el país representantes de los derechos de los usuarios y consumidores, entre ellas, la Asociación de Usuarios y Consumidores -AUC-.

De acuerdo al trámite, el objeto de la demanda promovida por la ACYMA persigue que aquí en más Supermercados Mayoristas Yaguar informe de manera clara y visible, en los instrumentos que documentan las operaciones con tarjetas de crédito en cuotas con interés con consumidores, todos los términos y condiciones establecidos en la LDC: 36, principalmente la tasa de interés efectiva, el costo financiero total y el sistema de amortización del capital y los intereses; además, que esta información sea publicada clara y visiblemente en todas sus sucursales, publicidades, folletos, revistas y cajas de cobro, precisó el tribunal.

El objeto de la demanda promovida por ACYMA también persigue que conforme la LDC: 36 (tercer párrafo), se reajuste la tasa de interés cobrada por la firma a sus clientes, señaló.

En función de ello, la ACYMA solicita que Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. disponga la restitución de la diferencia existente entre: a) las sumas percibidas por la demandada en concepto de intereses por financiamiento, y b) las sumas que resulten de calcular los intereses pero ajustados a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina, afirmÓ. “Ello en virtud de que ­entre otros términos y condiciones- Supermercados Mayoristas Yaguar no informó la tasa efectiva anual de cada financiamiento y por tanto debe aplicarse lo establecido en la LDC: 36, tercer párrafo”, cita el foro judicial.

La ACYMA también solicita al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 11 que imponga una sanción ejemplificadora de daño punitivo por haber causado un perjuicios masivos y con grave afectación de los derechos de los consumidores y usuarios y que el valor de la sanción a favor de cada consumidor sea igual al monto que deba reintegrarse en concepto de intereses mal cobrados, según se pide en el punto anterior, expresa el oficio enviado a la Secretaría de Comercio.

La ACYMA también pide al Juzgado que ordene que los funcionarios de la firma demandada encargados de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, comercial, marketing y de atención al cliente realicen cursos en materia de derechos de los usuarios y consumidores en organismos públicos y/o privados a fin de minimizar las posibilidades de que se repita en el futuro una conducta como la aquí denunciada y que disponga la publicación de la sentencia de condena que se dicte en el caso en todas las sucursales de la demandada y en su página de Internet, de manera visible y destacada, sin perjuicio de su publicación en los medios de comunicación que se estime pertinentes, con cargo en la misma firma, señala.

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Usuarios y Consumidores pide que se declare nulo el aumento de tarifa de transporte en Paso de los Libres

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes -AUC- interpuso una acción de amparo y medida cautelar en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, Secretaría Nº 3, de Paso de los Libres para que decrete la nulidad de la Resolución Municipal Nº 184 del Poder Ejecutivo de esa ciudad, por medio de la cual el 18 de agosto pasado la gestión municipal ha elevado a $ 30 la tarifa de transporte urbano.

Se trata de una tarifa “inmoderada y elevada, y fundamentalmente ilegal”, advirtió este miércoles 9 de septiembre a los libreños la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes.

La acción de amparo y medida cautelar para que se disponga y decrete la nulidad de la Resolución fue presentada ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, secretaría Nª 3, de Paso de los Libres, a cargo de la Dra. Rosa Beatriz Batalla, este martes 8 de septiembre.

La AUC también advierte a los usuarios que, a través de la Resolución Municipal Nº 184, el Ejecutivo municipal ha violado sus derechos “a la propiedad” y a la “salud pública”, derechos amparados por garantías constitucionales, Leyes Nacionales y Provinciales, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, y por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

En este artículo, se señala que “la Ley Orgánica de Municipalidades debe ser adecuada al mandato de esta Constitución y los municipios deben sancionar o adecuar sus Cartas Orgánica, en caso necesario, antes de la finalización del año 2008”, precisa.

“Tal omisión manifiesta el incumplimiento del Estado Municipal, precisamente el Concejo Deliberante, incumpliendo con la Constitución Provincial y, además, pretenden que por su propia inobservancia irresponsable se perturbe los derechos y garantías a los usuarios, favoreciendo los intereses de los empresarios, y alterando el derecho de una herramienta constitucional como ser la Audiencia Pública”, subraya la AUC.

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Superior Tribunal de Justicia ordena sanción por pérdida de expediente en foro Contencioso Administrativo

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes sancionó a la jueza Dra. María Gabriela Romero Feris, titular del Tribunal Contencioso Administrativo N°1 de la Ciudad de Corrientes con una multa equivalente al cinco por ciento de la retribución que percibe mensualmente, tras corroborar la pérdida de expedientes en un caso de abuso contra usuarios y consumidores de la provincia, pudo saber momarandu.com.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también recomendó a Romero Feris “la estricta observancia y cumplimiento de los plazos procesales debiendo evitar todo dispendio innecesario de tiempo que derive en un supuesto de mora o retardo judicial y la adopción de las medidas necesarias tendientes para prevenir el extravío de documentos que se encuentran bajo la custodia del juzgado a su cargo”.

En la misma resolución, los jueces ministros del Superior Tribunal de Justicia Dres. Eduardo Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, no hicieron lugar a un pedido formulado por la jueza Romero Feris, que había ordenado que se aplique una sanción pecuniaria al titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores -AUC- Nelson Veas Oyarzo, patrocinante del caso, luego de que solicitara un despacho con la aparición del documento extraviado.

El extravío del escrito había sido advertido a raíz de una denuncia de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes, en la que se observó al tribunal una dilación en la tramitación de la causa de aproximadamente ocho meses, demora que suponía un perjuicio para las partes quienes se veían afectados en sus derechos de obtener una resolución en un plazo razonable.

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Asociaciones de Usuarios y Consumidores rechazan incremento del boleto de colectivo en Paso de los Libres

Mientras en Libres se analiza lo resuelto por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esa localidad, que ordena anular el aumento del boleto de colectivo a $ 30, representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de todo el país, rechazaron este aumento dispuesto en plena pandemia (ver notas relacionadas).

Se trata de un “aumento desmedido” y en perjuicio inmediato de “la economía diaria” de los pasajeros en medio de un “estado de necesidad y fuerza mayor”, señalan.

Representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores argentinas rechazaron este martes 15 de septiembre el aumento a 30 pesos en la Tarifa del Boleto de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Paso de los Libres.

Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores se expidieron a través de un comunicado conjunto en apoyo al reclamo que la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes -A.U.C.- elevó a la Justicia de Corrientes el martes 8 de septiembre pasado.

Ese día, la A.U.C. presentó un Amparo y Medida Cautelar contra el aumento del costo del boleto en el Transporte Urbano de Pasajeros de la localidad fronteriza, solicitud que fue tratada por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a cargo de la Dra. Rosa Beatriz Batalla, Secretaria Nº 3, de la Dra. Sonia Ricail. Dos días luego, el 10 de septiembre pasado, la jueza del fuero Civil, Comercial y Laboral dio lugar a la medida cautelar y ordenó al municipio volver a cobrar el costo del boleto a $20.

“La situación planteada es de suma importancia para la sociedad, ya que a raíz de la pandemia que nos aqueja y las medidas que han tomado el Gobierno Nacional y los Provinciales para paliar la gravedad que la misma significa, consideramos una muestra de burla grotesca por parte del Municipio y Funcionarios de esta localidad convocar a una Audiencia Pública con el fin de cumplir con la ambición de una Empresa que funciona irregularmente sin una Concesión, ni un Llamado a Licitación conforme a normativas legales, que desde hace varios años continúan con un Permiso Provisorio vencido desde el año 2009, sin ánimos de legitimar la Prestación del Servicio, pero si capaces de solicitar un aumento de tarifas, en desmedro de los intereses económico de los Usuarios y de la particular realidad que atravesamos”, expresaron las Asociaciones en conjunto.

Los representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores destacaron que el Municipio de Paso de los Libres “no puede ampararse en la Autonomía Municipal para desconocer la situación actual de todos los argentinos” ya que “con ello repudia los principios, declaraciones y garantías constitucionales, así como también con la normativa vigente, violentando normas de Derecho Penal y de Salubridad Pública”

. “Nos vimos obligados como Entidad, con rango constitucional, a tomar participación, como representantes de un gran número de Usuarios del Transporte Público Urbano de Pasajeros en la Ciudad de Paso de los Libres, quienes, con este incremento, tendrán un perjuicio inmediato que incidirá en su economía diaria, en medio de un estado de necesidad y fuerza mayor”, señalaron los representantes de las ongs abocadas a la protección de los derechos del usuario y el consumidor.

“Ante esta pandemia, muchos están quedando sin empleos, las personas con escasos recursos aumenta y la mayor parte de los países han activado planes de emergencia, negociando ayudas financieras y utilizando todos los recursos disponibles para enfrentar lo que se viene, y por el otro lado tenemos Municipios y Empresas que negocian a expensas de una población que se encuentra en un período de plena vulnerabilidad”, expresaron.

Las asociaciones, a la vez, consideraron “trascendental” la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.), “tal como se utiliza en distintas ciudades del país”. “Este sistema facilita el acceso al sistema de transporte público mediante una herramienta tecnológica de utilización masiva (una tarjeta) que elude los inconvenientes que presentan otros sistemas de pago vigentes, lo que permite mejorar la calidad de vida de los Usuarios y de la población en general.

Además, con ella, los Usuarios tendrán acceso a una tarifa diferenciada por poseer beneficios sociales, ser Jubilado o Pensionado, ser estudiante, entre otros”, destacaron. “Al mismo tiempo, con la Tarjeta S.U.B.E, el Poder Contralor de este Servicio podrá tener una mejor información sobre la movilidad de los Usuarios del sistema de transporte, permitiendo fortalecer las tareas de planificación, de control de la calidad de los servicios y de fiscalización del sistema de transporte, pudiendo en estos casos, prever si el aumento solicitado por las Empresas son pertinentes y no por meras Declaraciones Juradas, con datos de dudosa veracidad”, afirman desde las Asociaciones de Usuarios y Consumidores.

“El Municipio de esta Ciudad se debe a los Ciudadanos y debe responder ante ellos, tiene el mandato de la Constitución y las Leyes de velar por los derechos de todos. Es un mandato irrenunciable, y es importante tener claro, tomar conciencia, que tanto los Sres. Concejales como el Intendente deben respetar, garantizar y proteger todos los derechos de la población de Paso de los Libres”, exhorta.

“Esperamos que se tomen las medidas necesarias y beneficiosas para todos los habitantes de esta ciudad, ya que de continuar con esta pretensión nos veremos obligados a iniciar las acciones legales correspondientes, con el fin de proteger a los Usuarios de este importante Servicio Público”, concluye el documento.

Se adhieren a este requerimiento: -PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – PROCURAR (RNAC N° 01) -UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA “UCA” (RNAC Nº 03) -PROTECTORA ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (RNAC Nº 04) -CONSUMIDORES LIBRES COOP LIMITADA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ACCION COMUNITARIA (RNAC N° 05) -ASOCIACION PROCONSUMER PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCOSUR -SUSCRIPTORES DE PLANES DE AHORRO (RNAC N° 06) -ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA – ACUDA (RNAC N° 08) -USUARIOS Y CONSUMIDORES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS (RNAC Nº 10) -COMITE DEL CONSUMIDOR –CODELCO- (RNAC N° 12) -ASOCIACIÓN CIVIL LIGA DE CONSUMIDORES – LIDECO – (RNAC Nº 13) -ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES – ADUC (RNAC Nº 19) -ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES – ADDUC (RNAC Nº 20) -ASOCIACIÓN CIVIL CRUZADA CÍVICA PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (RNAC N° 26) -ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA – ADECUA (RNAC N° 28) -ASOCIACION COORDINADORA DE USUARIOS, CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES- ACUCC (RNAC N°29) -UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES – UUYC (RNAC 40) -ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE EDUCACIÓN, SERVICIOS Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR – CESYAC (RNAC 42) -Unión Argentina para la Defensa del Consumo – UNADEC (RNAC 44) -Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino – ADCOIN (RNAC 45) -CENTRO DE ORIENTACIÓN, DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR – CODEC (RNAC Nº 16) -ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEL NOA – ACONOA (RNAC N° 32) -ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES – ADDUC (RNAC Nº 20) -ACCIÓN DEL CONSUMIDOR – ADELCO (RNAC N° 31) -ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR – CEC (RNAC 38) -FEDERACIÓN DE MUTUALES PARA LA DEFENSA ORGANIZADA DEL CONSUMO – FEMUDECO (RNAC N° 41) -JUSTICIA COLECTIVA ASOCIACIÓN CIVIL (RNAC N° 39) -ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE SANTIAGO DEL ESTERO- ADECSE (RNAC N° 27)

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Juzgado ordena al municipio de Paso de los Libres anular aumento en tarifa de transporte urbano

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Paso de los Libres ordenó al Ejecutivo municipal de la localidad fronteriza dejar sin efecto el aumento de tarifa en el servicio de transporte urbano de pasajeros que autorizó el 18 de agosto pasado, ahora bajo observación judicial por considerarse concedido en condiciones violatorias de derechos y garantías de los usuarios.

El Ejecutivo municipal de Paso de los Libres había autorizado a las empresas prestatarias elevar la tarifa a $30 pesos mediante la Resolución N° 184 del día 17 de Agosto de 2020. Ahora deberá volver a fijar lo tarifado a su precio anterior.

Este jueves 10 de septiembre, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral correspondiente a la IV Circunscripción Judicial de Corrientes ordenó a la Municipalidad de Paso de los Libres abstenerse de aumentar la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros.

En concreto, el foro Civil, Comercial y Laboral a cargo de la jueza Dr. Rosa Beatriz Batalla, dispuso la suspensión provisional de la Resolución del Ejecutivo Municipal N° 184 y volver a fijar el valor de lo tarifado “en el periodo inmediato anterior”.

La Resolución impugnada fue rubricada el día 17 de Agosto de 2020 y publicada en el Boletín Oficial municipal el día 19 de Agosto de 2020.

El Juzgado también ordenó a la Municipalidad de Paso de los Libres abstenerse de aumentar la tarifa hasta tanto se falle en forma definitiva en la causa iniciada a requerimiento de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes.

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes solicitó al foro judicial que declare nulo el aumento en el servicio de transporte público de pasajeros en administración del municipio libreño por vulnerar derechos y garantías de los usuarios.

Para tal fin, la AUC interpuso en ese foro judicial una acción de amparo y una medida cautelar.

La Asociación de Usuarios y Consumidores solicitó a la Justicia que declare nulo el aumento luego de estudiar el procedimiento administrativo por el cual fue llevado a cabo y concluir que violó derechos amparados por garantías constitucionales, Leyes Nacionales y Provinciales, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, y por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

En consecuencia, la AUCC solicitó al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la IV Circunscripción Judicial de Corrientes que declare la inconstitucionalidad y/o nulidad de la ordenanza Municipal N° 0007/1990, su modificatoria por Ordenanza N° 1237/16 y la resolución del Ejecutivo Municipal N° 184/20; y solicitó que se dicte una medida cautelar a fin de que se disponga su suspensión.

Esto debe concederse “ante el irrazonable y desmedido aumento del precio en la tarifa del servicio de transporte urbano que sostiene”, señala la AUC.

“Sería arbitrario y de ilegalidad manifiesta al haberse obviado para su determinación el procedimiento previsto para la convocatoria de la audiencia pública respecto del plazo, autoridad convocante”, precisa.

Además “sin considerar las circunstancias económicas, el contexto social y político por el que atraviesa el país, a través de una resolución y no de una ordenanza que permitiera la obligada participación que debe tener el Consejo Deliberante”, agrega.

La Asociación de Usuarios y Consumidores advierte que esta decisión fue adoptada “en día feriado”, “aprovechando el contexto de emergencia sanitaria” y “para beneficiar a empresas prestatarias que cuentan con permisos precario para tal fin, desde sus inicios y que además, reciben subsidios mensuales nacionales, provinciales y municipales”.

La Asociación de Usuarios y Consumidores también indicó al Juzgado Civil, Comercial y Laboral que el procedimiento por el cual se autoriza el aumento viola los arts. 42 de la Constitución Nacional y 48 de la Constitución provincial referentes al derecho del usuario a una información adecuada y veraz.

“La cautelar sería necesaria a efectos de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de pasajeros de la ciudad y destacando para ello la existencia de interés público y que el costo económico para esta clase de usuarios, en la situación actual, sería mayor que la se podría causar a las empresas prestadoras del servicio con el otorgamiento de la medida”, señala.

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STJ deberá resolver sobre legalidad de nuevo marco tarifario para la energía eléctrica

La Asociación de Usuarios y Consumidores -A.U.C.- y la Dirección Provincia de Energía de Corrientes -DPEC- cerraron sin acuerdo una audiencia conciliatoria sobre un reclamo de nulidad, inconstitucionalidad y/o inexistencia jurídica de un nuevo régimen tarifario para la energía eléctrica en Corrientes.

Ahora el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes deberá ahora resolver sobre la cuestión de fondo.

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes -A.U.C.- cerró este lunes 24 de agosto y la Dirección Provincia de Energía de Corrientes -DPEC- cerraron sin acuerdo en Audiencia Conciliatoria sobre un planteo de A.U.C para que se declare la nulidad, inconstitucionalidad y/o inexistencia jurídica de la resolución 232/17 del Interventor de la empresa distribuidora y del decreto 516/17 del Poder Ejecutivo Provincial por los cuales se establecen un nuevo régimen tarifario en la prestación del servicio de energía eléctrica.

En dichos términos, la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes promueve demanda de amparo contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y el Estado de la Provincia de Corrientes a través del EXP 150230/17 caratulado “ASOCIACION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (A.U.C.) C/ DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES Y/O ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ AMPARO ”

La Audiencia Conciliatoria, requerida por el Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, el Dr. Guillermo Horacio Semhan, se llevó a cabo el lunes 24 de agosto pasado, a las 9 hs., con la participación del presidente Presidente de A.U.C, Dr. Nelson Veas Oyarzo, sus abogados, los Dres. Mauricio Goldfarb y Karen Casco, el Sr. Interventor de la DPEC Corrientes Cdor. Alfred Horacio Aún, y su abogado el Dr. Marcelo Greatti, el Dr. Victor Ojeda, letrado designado por la Fiscalía de Estado, y el Dr. Miguel Benitez, en representación del Centro de Mediación Judicial.

En ella se han intercambiado alegatos y defensas, sin llegar a un acuerdo entre las partes.

El amparo fue iniciado el dia 04/05/2017.

En primera instancia el Juzgado Contencioso Administrativo N º 2, a cargo de la Dra. Maria Belén Güemes resolvió declarar la nulidad de la resolución 232/17 de la DPEC y del decreto 516/17 en cuanto aprobaron un nuevo cuadro tarifario sin la participación de los usuarios a través de la previa audiencia pública exigida por la ley. Así como también establecer que la sentencia tendrá efectos respecto de los Usuarios residenciales quienes podrán invocarla y solicitar en forma personal ante la DPEC el reintegro de lo cobrado de más desde la aplicación del cuadro tarifario cuya nulidad se reclama hasta la publicación en el boletín oficial del decreto 1946/17 (6 de septiembre de 2017, descontando los períodos en los que no se haya aplicado el cuadro tarifario cuestionado en virtud de la medida cautelar).

Por su parte, DPEC interpuso un recurso, elevando dicho amparo a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, la cual ratificó lo resuelto en primera instancia.

Ahora, como siguiente paso se ha dictado auto para sentencia, por lo que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes deberá resolver sobre la cuestión de fondo.

El decreto 516/17 del 20/3/17 aprobó la resolución 232/17 de la DPEC por la que se aprobó la aplicación de los nuevos precios mayoristas para la distribución de energía eléctrica a cargo de la mencionada dirección. De esa resolución surge la aplicación de nuevas tarifas a los usuarios a partir de los meses de febrero y marzo de 2017 en razón del traspaso de los costos de compra de energía y servicios de transporte del mercado eléctrico mayorista (MEM), establecidos mediante resoluciones SEE 20/E/2017, ENRE 66/2017, ENRE 75/2017 y EPRE de Entre Ríos 10/17.

Por resolución 505/16 del 14/12/16 el ENRE convocó a una audiencia pública en la ciudad de Formosa con el objeto de poner en conocimiento la propuesta tarifaria presentada por la Empresa de Transporte y Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A) y que como consecuencia de la misma se dictó la resolución 75/17 por la que se establecieron nuevos valores horarios para el transporte de energía a través de rangos que iban desde los 132 kV a los 13,2 kV por hora por cada 100 km. Esta convocatoria se realizó a nivel nacional y en simultáneo con otras seis audiencias públicas (realizadas en Capital Federal, Mendoza, Neuquén, Mar del Plata, Santiago del Estero y Trelew) y la medida fue adoptada por el Ente Regulador de Energía Eléctrica por expresa delegación del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Por lo que, conforme al marco regulatorio, los costos deben ajustarse cada vez que varían los precios de la potencia, la energía y el transporte del MEM y es así como los distribuidores de energía transfieren a la tarifa de los usuarios finales el costo de comprar energía y potencia del mercado mayorista.

Consiguientemente, el decreto 516/17 y la Resolución de DPEC han dado como resultado “facturaciones que contienen valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional, sin convocar a una Audiencia Pública en la provincia de Corrientes para poner en conocimiento los valores del nuevo cuadro tarifario, denominado 91 A -vigente desde Febrero/2017- y 91 B -vigente desde el 01 de Marzo de 2017-“, observó la Asociacion de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes.

Por su parte, la DPEC alega que no se trata de un “nuevo cuadro tarifario” ya que sólo existe un traspaso directo al Usuario Final de los costos de compra de potencia y energía y servicios de transporte del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), dispuestos a nivel nacional y surgidos de la Audiencia Pública realizada a instancia de la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, el día 14 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Formosa.

La DPEC también manifiesta que la resolución 232/17 y el decreto 516/17 han sido dictados como consecuencia de las resoluciones SEE 20-E/17, ENRE 66/17, ENRE 75/17 y EPRE 10/17. En este sentido, aclara que la resolución ENRE 75/17 aprobó las tarifas para la empresa TRANSNEA S.A, que fuera trasladada a la distribuidora provincial, que la misma fue una consecuencia de la resolución ENRE 605/16 donde, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Energía y Minería 196-E/16 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad convocó a la audiencia pública que se realizó el 14/12/16 en Formosa con el objeto de poner en conocimiento y escuchar las opiniones sobre la propuesta tarifaria presentada.

¿Qué es la ley de talles?

“Nuestra imagen, nuestra autopercepción, dependen mucho de cómo nos vemos y cómo nos vestimos, y cuanto más se margine y estigmatice al gordo, más angustia y más depresión genera. Por eso es tan importante esta ley, para que los fabricantes de ropa hagan talles basados en cuerpos reales y que todos podamos vestirnos con nuestro estilo”.

Con esas palabras, la activista y atleta olímpica Jennifer Dahlgren describe lo que significa la aprobación de la ley nacional de talles, que crea un sistema único que responda a medidas obtenidas de un estudio antropométrico en progreso.
El proyecto conocido como ley de talles, que ya tenía sanción del Senado, busca crear un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años.
Además, establece medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la anorexia. El SUNITI se contempla tanto en la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad, de acuerdo a la iniciativa.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.
Además, indica que “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI” y la etiqueta debe ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar “adherida a la prenda”.
Por otra parte, los comercios estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 15×21 centímetros, en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.
Sharon Haywood, fundadora y directora de la ONG AnyBody Argentina con presencia global, sintetizó la consigna de la lucha que la organización no gubernamental impulsa por la diversidad corporal y el derecho a vestirse: «No queremos que se glorifique un solo cuerpo, sea gordo o flaco. En las publicidades y en las vidrieras queremos ver distintos tipos de cuerpos, simplemente porque todos tenemos un cuerpo distinto y merecemos representación en los medios y la industria de la moda»
«No trabajamos ese talle«;»Se estira con el uso«, «Es así apretadito«, «Es el único talle que tenemos» o «Talles más grandes no entran en esta marca«, son las respuestas latiguillos que a diario se siguen escuchando en los locales de ropa e indumentaria femenina -especialmente- y masculina también. Las frases se repiten porque las normas vigentes no se cumplen, no se prevén controles y tampoco se fijan multas.
En marzo de este año, el Senado dio media sanción al proyecto por unanimidad y lo giró a Diputados. El proyecto, ahora ley, propugnaba por evitar talles que no correspondan con las medidas antropométricas de la población argentina y que no exporte una cultura Extra Small (XS). También se promovía que la diversidad corporal se aplique al calzado para que nadie se quede con los pies afuera de la posibilidad de abrigarse, adornarse y calzarse sin sufrimientos y con placer.

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Cámara de Apelaciones ordena retirar imposición de caución de cien mil pesos sobre Usuarios y Consumidores

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral rechazó la imposición de una disposición ordenada en primera instancia que obligaba a la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes -AUCC- pagar 100 mil pesos.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, integrado por las doctoras María Herminia Puig, Nidia Alicia Billinghurst de Braun y Martha Helia Altabe de Lértora, rechazaron la imposición de una resolución labrada en primera instancia que obligaba a la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes -AUCC- a pagar 100 mil pesos.

El cuestionamiento atendido obra sobre lo establecido en la causa caratulada: “Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes (A.U.C.) C/ Dirección Provincial de Energía de Corrientes y/o Estado de la Provincia de Corrientes S/ AMPARO”, Expediente N° EXP 174578/18.

A través de este expediente los jueces tomaron conocimiento del contenido de lo resuelto por la Juez de grado en la Resolución N° 59 del 22 de marzo de 2.019.

En función de ello, la Cámara ordenó sustituir la última parte de la Resolución N° 59 en cuanto dispone “previa caución real que deberá prestar la Asociación de Usuarios y Consumidores A.U.C. por el importe de pesos CIEN MIL ($100.000)” debiendo consignarse en su reemplazo: “previa caución juratoria que deberá prestar la Asociación de Usuarios y Consumidores A.U.C. a través de su representante” a fin lograr un equilibrio e igualdad entre las partes.

“Resulta entonces evidentemente arbitraria la decisión cuestionada, en cuanto afirma que no le es aplicable el beneficio de gratuidad al actor prevista en el art. 52° 55° y cc de la ley 24240 modificada por la Ley 26.361, en contra de los antecedentes del caso y los precedentes legales y jurisprudenciales que ya desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se delinean, y más desproporcionado aún es imponer una caución real por un monto tan elevado que importa lisa y llanamente, negar el acceso a justicia”, argumentó la jueza María Herminia Puig.

Contra ello, la amparista había planteado un recurso de revocatoria in extremis, que fue rechazado por Resolución N° 79 el 24 de abril de 2.019, motivo del recurso de apelación.

LOS AGRAVIOS
En el mismo expediente se señala ante los jueces como agravios de la Juez de Grado “errores groseros de apreciación y aplicación de la ley 24.240”, entre los cuales se encuentran omitir “las modificaciones de la ley 26.362, que establece que en lo referente a servicios públicos, la defensa de los consumidores se regirá por las normas de los organismos que la legislación contemple y por la presente ley”.

“Se afirma en lo esencial, que la caución impuesta resulta de imposible cumplimiento, además de una violación a la igualdad ante la ley, cita en defensa de sus argumentos jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que descalifica la caución que por exorbitante frustra la materialización de la medida”, indican las jueces de Cámara.

Además se señala que “estas resoluciones olvidan la finalidad de la ley de defensa del consumidor, que no era crear una ficción, dejando completamente desamparado al débil’ en la relación de consumo, por intentar regirse por un formalismo que vulnera nuestro sistema jerárquico”.

CONFUSIÓN DE CONCEPTOS
“Tal como está planteada la cuestión debo decir que he de propiciar la recepción del recurso de apelación y explico porque: La Sra. Juez de grado confunde varios conceptos, socavando con ello la legitimidad de su decisión en lo que fuera materia de agravio”, señala la jueza María Herminia Puig.

“En primer lugar entiende como precedente aplicable al caso, lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia en el caso “Veas Oyarzo” FAX 595, Res. 316/12, el que fue dictado en uso de la competencia dispuesta por Acdo. 36/09 pto. 14, Apartado 8 in fine, lo que significa que en ese momento, el Superior Tribunal de Justicia ejerció la jurisdicción en sustitución de este Tribunal, que a esa fecha no se encontraba constituido”, indica.

“A ello debo agregar que lo resuelto en esa ocasión, nada tiene que ver con los presupuestos de hecho de este caso, confusión conceptual que queda evidenciada en el párrafo que señala “cuando el artículo 25 de la misma expresamente excluye de su aplicación y alcance a los servicios públicos domiciliarios – luz, agua, energía eléctrica, tasa municipal, entre otros…” (Res. 79/19), pues la tasa municipal no guarda analogía con el concepto de servicio público domiciliario, sino que constituye en todo caso una contraprestación por el (art. 3? del Código Fiscal Provincial)”, añade.

“Esta aclaración tiene total relevancia para la interpretación de la Resolución citada por la A Quo en defensa de sus argumentos, pues es en base a ello que el Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de la competencia ahora correspondiente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, determinó como contribuyente y no como usuario/consumidor al colectivo representado en esa oportunidad por el presidente de la Asociación Usuarios y Consumidores, y en ese orden de ideas deviene, inaplicable Ley 24240”, sostiene.

“Distinto es el caso de autos, ya que ley 24240 en su artículo 25° establece en lo pertinente: “…Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor…”, aparta.

“La provincia de Corrientes, adhirió esa ley, a través de Ley Provincial N 4811 y concomitantemente con ello se dictó también en el ámbito provincial la Ley N?6073 que regula la Política Electroenergética en la Provincia de Corrientes. De la atenta lectura de esas normas no puede concluirse como afirma la A Quo, que el usuario del servicio público domiciliario de electricidad correntino NO TIENE LA PROTECCIÓN AL USUARIO/ CONSUMIDOR que tiene el resto de los ciudadanos o soslayar que en caso de duda se estará a la ley que sea más favorable, máxime que a hoy, el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD no es un órgano en funcionamiento”, recuerda jueza María Herminia Puig.

“Resulta entonces evidentemente arbitraria la decisión cuestionada, en cuanto afirma que no le es aplicable el beneficio de gratuidad al actor prevista en el art. 52 55 y cc de la ley 24240 modificada por la Ley 26.361, en contra de los antecedentes del caso y los precedentes legales y jurisprudenciales que ya desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se delinean, y más desproporcionado aún es imponer una caución real por un monto tan elevado que importa lisa y llanamente, negar el acceso a justicia”, afirma.

“No en vano cabe reeditar lo dicho por la CSJN: “ El otorgamiento del beneficio de gratuidad en materia de acciones judiciales que los consumidores y usuarios pueden iniciar cuando sus intereses resulten afectados o amenazados no aparece condicionado por el resultado final del pleito pues el artículo 55 de la ley 26.361 lo prevé “para todas las acciones iniciadas en defensa de intereses colectivos” por lo que una interpretación que pretenda restringir los alcances del precepto no sólo desconoce la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue sino que conspiraba contra la efectiva concreción de las garantías constitucionales establecidas a favor de los consumidores -y de las asociaciones que pretendan proteger sus intereses- a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos” lo resaltado me pertenece (Recurso Queja N° 1 – CONSUMIDORES FINANCIEROS ASOCIACION CIVIL P/SU DEFENSA c/ NACION SEGUROS S.A. s/ORDINARIO. Fallos: 338:1344)”, señala

“En orden a ello, propicio hacer lugar al recurso de apelación de fs. 90/92 vta. Y SUSTITUIR el punto 2) ultima parte de la Resolución N° 59 en cuanto dispone “previa caución real que deberá prestar la Asociación de Usuarios y Consumidores A.U.C. por el importe de pesos CIEN MIL ($100.000) ‘‘debiendo consignarse en su reemplazo: “previa caución juratoria que deberá prestar la Asociación de Usuarios y Consumidores A.U.C. a través de su representante” a fin lograr un equilibrio e igualdad entre las partes”, resuelve.

 

Fuente: http://www.momarandu.com/notix/noticia/03231_cmara-de-apelaciones-ordena-retirar-imposicin-de-caucin-de-cien-mil-pesos-sobre-usuarios-y-consumidores.htm

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